Bogotá. Este 9 de abril se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y desde la Unidad de Restitución de Tierras, el objetivo del Gobierno Nacional es atender especialmente a campesinos y comunidades étnicas para que puedan recuperar sus tierras y la confianza en el Estado para volver a sembrar, generar desarrollo rural y hacer productivo el campo.

“Como entidad somos testigos de lo que significa la tierra para una persona que fue despojada injusta y violentamente de ella: lo es todo. Es su razón para perseverar, el lugar de la memoria, su presente y su futuro”, afirmó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, quien se siente orgulloso del trabajo social y técnico realizado, el cual, ha contribuido a la reparación de 24.521 víctimas de la violencia, que de la mano de la justicia lograron recuperar cerca de 60.000 hectáreas y recibieron recursos para poder trabajarlas.

Una de las buenas noticias que muestra la voluntad del gobierno del presidente Iván Duque con la reparación de las víctimas es que al inicio de este año se prorrogó la Ley 1448 de 2011 por 10 años más, lo que demuestra la continuidad de esta política de Estado que se rige por un proceso técnico en donde la entidad ha presentado 6.297 demandas ante la justicia especializada. Por su parte, los jueces han proferido 1.802 sentencias de restitución de tierras.  

“La restitución es tangible, se materializa en la transformación de los territorios, es un proceso paulatino, gradual y seguro. Además, por donde pasa la restitución de tierras llega la seguridad, la articulación institucional, el progreso y el desarrollo rural”, agregó Castro.

En el departamento de Córdoba, la Unidad ha recibido históricamente 4.395 solicitudes, de las cuales 3.865 están habilitadas y 3.577 finalizadas. Por su parte, 1.564 se han inscrito en el Registro de Tierras Despojadas.

Asimismo, con las 262 sentencias proferidas por  la justicia,  se han restituido 1.089 predios, los que representan 12.385 hectáreas devueltas a sus legítimos dueños en los municipios de Valencia, Montería, Tierralta, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Canalete.  Además, se han implementado 896 proyectos productivos de avicultura, apicultura, ganadería de ceba, levante, doble propósito, hortalizas, piscicultura, plátano, porcicultura, papaya, yuca y teca, con una inversión aproximada de más de $23.700 millones.

Otro de los grandes avances es la reparación que se ha dado a las mujeres, ellas han sido una de las mayores víctimas de la violencia. Es por ello que la Unidad, viene trabajando en el Programa de Acceso Especial a las Mujeres, el cual cuenta con estrategias y acciones para empoderarlas en temas como la exigibilidad de sus derechos, liderazgo y herramientas para que se conviertan en empresarias del campo. Todo en articulación con la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el apoyo de la cooperación internacional.

Se ha identificado que la mitad de las solicitudes en restitución buscan reparar a las mujeres y en consecuencia más del 50% de las sentencias de restitución de tierras, en la ruta campesina, les corresponden a mujeres rurales, es decir cerca de 4.600 mujeres beneficiadas con sentencia de restitución, en el periodo de Gobierno del Presidente Iván Duque.

Finalmente, el director Castro destacó la forma en que la Unidad trabaja de la mano con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y le aporta a la política de Paz con Legalidad. La Unidad va de la mano en todos los planes de las subregiones PDET del país. La garantía de que estos proyectos de desarrollo territorial funcionen está basada en el retorno de la seguridad en estas zonas, pero también en el conocimiento profundo de sus comunidades, de sus campesinos, de las memorias de violencia de cada una de ellas que busca ser superada, de sus procesos de resistencia y de trabajo comunitario y de las cualidades de los suelos que claman volver a ser fértiles de nuevo.

“Este Gobierno tiene un compromiso moral y jurídico con las víctimas de la violencia. Por eso hasta el final de esta administración seguiremos articulados con las demás entidades del Estado y el liderazgo de la Consejería para la Estabilización para cumplir las órdenes de restitución y reparar integralmente a las víctimas”, puntualizó el director Castro.