Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz pasó a sanción presidencial
Nacional. El Ministro el Interior destacó que con la decisión de las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, de aprobar el marco normativo de la JEP, se garantizarán los derechos de las víctimas. En cuanto a los cambios aprobados en el Congreso, señaló que la Corte Constitucional será la que determine su viabilidad.
El Ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que la aprobación del proyecto de ley que crea el reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz –que pasó a sanción presidencial– representa un paso trascendental para el cumplimento a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto.
El funcionario destacó que con la decisión de las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República de aprobar el marco normativo de la JEP, se garantizarán los derechos de las víctimas.
“A partir de los últimos días, una vez se sancione este proyecto de ley, la JEP podrá funcionar con el pleno de sus competencias y las grandes ganadoras de esta decisión son las víctimas del conflicto armado, porque en la medida en que la jurisdicción de paz pueda funcionar, puede ir tomando decisiones y quienes van a ganar son las víctimas a quienes se les reconocerá y se les materializará el derecho a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, sostuvo.
En cuanto a los cambios aprobados en el Congreso, señaló que la Corte Constitucional será la que determine su viabilidad.
“Nosotros habíamos expresado desde el principio que este nuevo artículo que congela la comparecencia de los integrantes de la Fuerza Pública ante la JEP es contrario a la Constitución. La Corte tendrá que hacer una revisión, justamente a finales del año pasado señaló que la comparecencia de excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública tenía que ser obligatoria”, expresó el Ministro.
El articulado aprobado incluye precisiones procedimentales para salvaguardar los derechos de las víctimas y pasa a sanción presidencial.
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