Nacional. Tras su arribo a Colombia el pasado 25 de mayo, por las múltiples denuncias de violación a los Derechos Humanos, en el marco de las protestas del Paro Nacional indefinido, la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos emitió un informe preliminar. Conosca aquí el informe completo https://drive.google.com/file/d/1BKxwGJiy61Mmgz0xBDanxb_cR9CTAskO/view 

En el informe preliminar las Comisión hizo su trabajo de relatoría y verificación de las denuncias, escuchando en diferentes lugares, tiempo y espacio a los afectados. “Los testimonios recogidos han sido abrumadores. Contestes todos ellos en reprochar la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa, se advierte que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos.

 “No hay día en que el ESMAD no actúe, llevándose a muchachos de las barriadas, trasladándolos muy lejos de sus viviendas y familiares para luego encerrarlos por más de 36 horas incomunicados, gasearles en la celda y finalmente criminalizarlos en orden a delitos de diversa entidad (Obstrucción de vía pública, terrorismo, sedición”.

Es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho provocando lesiones oculares en numerosos manifestantes y transeúntes, del mismo modo que es frecuente la utilización de “caucheras”, honderas y aún la misma mano para arrojar piedras de gran porte sobre la multitud replegada. Es de público y notorio el atropello de manifestantes con las tanquetas, provocando severas heridas. Tal el caso de Juan Diego Ortega Garzón (24) Popayán el día 14 de mayo. La misma Policía Nacional cuando la dispersión estuvo finalizada ingresó ilegalmente a los domicilios, detuvo a vecinos ajenos a los incidentes, allanó ilegalmente y luego provocó destrozos en sus casas, e ingresó violentamente a espacios autónomos de la sociedad civil.  

Resaltan las denuncias de organizaciones de la sociedad civil por los abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad tanto en la vía pública como en los lugares de encierro. Así, revelaron que, al 26 de mayo, del total de abusos sexuales cometidos, el 79% lo fue sobre mujeres y el 8% sobre disidencias sexuales

Se ha acreditado la participación de civiles armados ya sea desde las mismas líneas de las fuerzas de seguridad o contando con su aquiescencia. Entre otros, destaca el caso de la referente indígena Daniela Soto Pito baleada bajo esa modalidad en Cali el día 9 de mayo.

En el marco del Paro Nacional, Brahian Gabriel Rojas López de la ciudad de Pereira cuya desaparición fue denunciada por sus familiares inaugurando la triste nómina de desaparecidos por la Policía el mismo 28 de abril y cuyo cuerpo fue hallado en el lecho del río Cauca el día 3 de mayo

La Juventud ocupó la primera línea de la protesta. De los barrios populares, desde las escuelas y Universidades al epicentro de las protestas. La Misión recorrió las barriadas del sector suroriental de Bogotá y pudo comprobar la decisión inquebrantable de muchachos y muchachas dispuestos a forjar un futuro diferente al que le proponen. Fue también uno de los sectores sociales que más sufrió los encarnizados ataques del ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército.

La Misión fue testigo de una expositora de organizaciones sociales que en Bogotá resumió la situación: “Nuestros cuerpos fueron botines de guerra”. Y aún conmueve la lectura del último mensaje de Alison después de ser denigrada en la URI de Popayán: “Me manosearon hasta el alma” dejó escrito antes de suicidarse.

ACERCA DE LOS DELITOS COMETIDOS Puede concluirse que las conductas atribuidas a las fuerzas de seguridad denunciadas y que deberán investigarse, responden a diversos tipos penales cuya descripción fáctica y adecuación típica, se evaluarán al tiempo de realizar el informe definitivo. Aún con esa provisoriedad, y sin perjuicio de otros encuadramientos legales que puedan corresponder, se puede afirmar que la violación a los derechos humanos se puede subsumir en los siguientes delitos:

✔ Desaparición Forzada de Persona.

✔ Delitos contra la vida, (homicidios)

✔ Delitos contra la integridad física (lesiones oculares, lesiones varias)

✔ Delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)

✔ Delitos contra la libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura)

✔ Delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta.

✔ Delitos contra la propiedad (daño)

Conclusiones Este informe de carácter preliminar permite a la Misión concluir que:

• El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del PARO NACIONAL y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta
• El Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos.
• El Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo, representado por: jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad lgtbiq, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil.
• Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho.
• El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia.