Montelíbano. Administración Municipal reitera compromiso con la legalidad y la protección ambiental en el caso de la Isla CVS. La Alcaldía de Montelíbano, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, reiteró su compromiso con la defensa de los bienes públicos, la legalidad y la protección del medio ambiente, al tiempo que se dan garantías en los procesos, las declaraciones del funcionario se dan tras el fallo de un juez, que declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por un ciudadano en relación con el proceso de recuperación del predio conocido como Isla CVS.

Durante una entrevista, el secretario de Planeación, Iván Vergara, explicó que el terreno en cuestión cuenta con todos los documentos que acreditan su propiedad municipal —incluidas escrituras, certificados de libertad y tradición y registros catastrales—, por lo cual su uso indebido constituía una ocupación irregular.

El área está clasificada dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) como una zona de protección ambiental. "Esa zona de allí tiene un especial cuidado porque es una zona de protección. Cuando nos dice a nosotros el PBOT esto es una zona de protección nosotros tenemos que proteger como como su nombre lo indica", precisa Vergara, reiterando que, además parte de esta zona está destinada a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), una obra prioritaria que busca mitigar los vertimientos hacia las quebradas y el río San Jorge.

El proceso de recuperación del predio, explicó, cumplió con todas las garantías legales y humanitarias, bajo la supervisión del Ministerio Público, la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía. Además, se otorgaron plazos prudentes a las personas que ocupaban el lugar para el retiro voluntario de sus cultivos y pertenencias.

El juez que conoció la tutela interpuesta por el ciudadano Argelio Navaja González determinó que la administración municipal actuó conforme a la ley y dentro del debido proceso, confirmando la legalidad de las actuaciones adelantadas por la Alcaldía y procedió a declarar improcedente la solicitud vía tutela, "de suspender el desalojo que está en curso", ya que, según el fallo, decreta improecedente "la acción por no existir una acción u omisión real que amenace o vulnere los derechos fundamentales".

“Nosotros actuamos desde la legalidad, nosotros no somos arbitrarios, no somos ninguno delincuentes como algunos han querido tildar al alcalde y a este servidor donde nosotros actuamos bajo principios legales y hoy por hoy un juez de la república nos está diciendo que nosotros actuamos de forma legal, demostrable dentro de nuestro actuar. Este procedimiento que se hizo, fue blindado también con el ministerio Público, prenda de garantía de que hay un proceso transparente", enfatizó el secretario, quien también denunció haber sido objeto de amenazas y campañas de desprestigio.

"He sentido persecución, donde he podido demostrar que han ido a la casa a tumbar la puerta, a amedrantar y también han ido en la casa de mi mamá. Cuando me mudo para otro sitio, lo que encuentro es una paloma sin cabeza y amarrada por sus paticas en toda la entrada de la puerta del apartamento donde yo vivo. Entonces, sumado a esto, hoy siento que la vida de un funcionario público, en este caso mía, está en riesgo. Yo hago responsable, nuevamente lo repito aquí, a estas personas que me han tratado y han tratado al alcalde como delincuente, porque no lo somos y precisamente este fallo nos da la razón". 

Además el funcionario explicó que en la zona se evidenciaron afectaciones ambientales como tala de árboles y deforestación, hechos frente a los cuales la Policía Ambiental ha impuesto comparendos. Estas acciones, dijo, refuerzan la necesidad de proteger y recuperar el territorio, que será destinado no solo para la PTAR, sino también para una futura escombrera municipal y un centro de bienestar animal, cumpliendo las normas ambientales y urbanas vigentes.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a la cordura, al diálogo y a la sensatez, invitando a las familias involucradas a mantener canales de comunicación directa con la administración, sin intermediarios ni intereses políticos. “Entonces yo sí quisiera llamar a la cordura, llamar al diálogo, pero sobre todo llamar a la sensatez, que no dejemos que estos espacios los politicen, pero sobre todo que los instrumentalicen. Nosotros queremos un diálogo directo con los mismos, con la misma comunidad”, concluyó, Vergara.

Sobre la necesidad de buscar alternativas para quienes estaban en el predio, el secretario ha precisado que se adelanta un proyecto que busca comprar predios para tener donde reubicar. "Tenemos un proyecto de acuerdo en que vamos nuevamente a bajarlo en Consejo para la compra de predios. Aquí lo que pasa es que nosotros como municipio no tenemos el terreno, no tenemos la tierra donde reubicar a la gente. Si nosotros la tuviéramos, obviamente lo reubicáramos. ¿Qué le estamos diciendo a ellos? Le hemos dicho a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, vamos a asociarlos, vamos a hacer unas asociaciones para que ustedes puedan desarrollar la actividad organizada, pero ahí en ese sitio no".

Esta es la entrevista completa sobre el tema.