Nacional. El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció una reestructuración de la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030, que incluye de entrada la eliminación de cerca de 229 cargos, según él, esto representaría un ahorro estimado de 10.000 millones de pesos anuales, la supresión de varias consejerías presidenciales y agencias, así como el traslado de sus funciones a distintos ministerios. También confirmó la eliminación del Alto Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, cuyas funciones serían asumidas por un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. Durante el mismo pronunciamiento reiteró que en su gobierno "no habrá más procesos de falsa paz", cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y anunció que promoverá acciones para que antiguos comandantes de las FARC, como Rodrigo Londoño ("Timochenko"), respondan nuevamente ante la justicia.

Las propuestas, aunque presentadas como una estrategia para reducir la burocracia y hacer más eficiente el Estado, plantean importantes interrogantes constitucionales y jurídicos. En Colombia, el Presidente tiene facultades para modificar parte de la estructura administrativa del Ejecutivo dentro de los límites fijados por la ley; sin embargo, la supresión, creación o transformación de organismos con origen legal suele requerir autorización del Congreso o una ley que la sustente, dependiendo de la naturaleza de cada entidad. Del mismo modo, organismos como la JEP hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acto Legislativo 01 de 2017, por lo que su existencia y competencias tienen respaldo constitucional y no pueden ser modificadas o eliminadas mediante decisiones unilaterales del Ejecutivo.

La noche del 13 de julio, el presidente electo de los colombiano entregó una lista de los cambios anunciados, entre las principales medidas planteadas se encuentran:

• Eliminación de la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones pasarían a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
• Supresión de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con traslado de competencias a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
• Eliminación de agencias adscritas a la Presidencia, bajo el argumento de evitar duplicidad de funciones y reducir costos administrativos.
• Transformación de la Consejería Presidencial para las Regiones en una Gerencia de las Regiones, orientada a coordinar directamente la relación entre el Gobierno Nacional y gobernadores y alcaldes.
• Eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, cuyas funciones serían trasladadas a un Comisionado Nacional de Seguridad.
• Supresión del Alto Comisionado para la Paz, al considerar que su gobierno no adelantará nuevos procesos de negociación con grupos armados.

Muchas ersonas en medio de los anuncios, han empezado a analizar las posibles implicaciones constitucionales y en Derechos Humanos, que se puedan registrar en un caso dado se de lo que plantea el electo mandatario. Desde el punto de vista constitucional, la propuesta abre varios debates: 

En primer lugar, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario son obligaciones permanentes del Estado colombiano, derivadas de la Constitución y de tratados internacionales. Aunque sus funciones puedan redistribuirse entre ministerios, diversos expertos han señalado históricamente que la existencia de una consejería especializada permite coordinar políticas públicas transversales, hacer seguimiento a recomendaciones de organismos internacionales y mantener una interlocución permanente con víctimas, organizaciones sociales y comunidades.

En segundo lugar, la eliminación de la institucionalidad relacionada con la implementación del Acuerdo de Paz no extingue las obligaciones del Estado frente al Acuerdo Final de 2016, cuyos compromisos continúan siendo objeto de seguimiento por parte de la Corte Constitucional, la Procuraduría, organismos internacionales y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Gobierno puede redefinir su política pública, pero no puede desconocer obligaciones constitucionales y legales vigentes.

Ante esto la Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha destacado la importancia de preservar y fortalecer la implementación del Acuerdo, en coherencia con el espíritu de la Constitución de 1991. Recordó que la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó a la paz un lugar principal en nuestra Carta Política: "La Constitución de 1991 fue una que cambió las armas por la política y la política la ubicó en democracia, bajo el Estado de Derecho, con una cláusula de vocación social por la igualdad material y con un fuerte arraigo en el respeto de los derechos humanos".

Respecto a la JEP, De la Espriella sostuvo que buscará que antiguos jefes guerrilleros vuelvan a prisión y calificó al tribunal como un espacio de impunidad. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz es un órgano creado por reforma constitucional, con autonomía e independencia judicial. Cualquier modificación sustancial a su estructura o competencias requeriría reformas constitucionales y control de constitucionalidad, además de respetar los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. VÍDEO

Finalmente, el anuncio de concentrar las funciones de paz en un Comisionado Nacional de Seguridad refleja un cambio de enfoque desde la negociación hacia una política centrada en el sometimiento y la seguridad. No obstante, cualquier estrategia deberá desarrollarse dentro del marco de la Constitución, respetando el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la separación de poderes. En ese contexto, varias de las medidas anunciadas por el presidente electo dependerán no solo de decisiones administrativas, sino también del respaldo del Congreso y, en algunos casos, del control que ejerzan la Corte Constitucional y las altas cortes sobre su legalidad.