De la Espriella anuncia que derogará áreas de protección para producción de alimentos (APPA): ¿puede hacerlo y qué implicaciones tendría para la seguridad alimentaria?

Nacional. El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció que ordenará al Ministerio de Agricultura derogar, en un plazo de ocho días, las resoluciones mediante las cuales fueron declaradas las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), al considerar que estas limitan la inversión, la producción agropecuaria y el desarrollo económico.

"He dado instrucciones precisas al Ministro de Agricultura para que a la mayor brevedad y dentro del marco de la ley adelante el proceso de derogatoria de las resoluciones mediante las cuales se declararon las áreas de protección para la producción de alimentos APAS. ¡Se acabaron!", precisa el electo presidente De la Espriella. VÍDEO

Las APPA una figura creada con fundamento en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo) y reglamentada mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura. Su propósito es proteger suelos estratégicos destinados a la producción de alimentos, incorporándolos como determinantes del ordenamiento territorial para garantizar el derecho humano a la alimentación y preservar áreas agrícolas frente a procesos de urbanización, expansión industrial u otros cambios de uso del suelo.

Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno sí puede revisar o incluso derogar resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura, siempre que lo haga mediante el procedimiento administrativo correspondiente. Sin embargo, no puede eliminar por simple decisión administrativa el fundamento legal que dio origen a las APPA, ya que este se encuentra previsto en una ley vigente. Mientras el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 permanezca en el ordenamiento jurídico, el Estado seguirá teniendo el deber de desarrollar instrumentos para la protección de los suelos destinados a la producción de alimentos.

La conveniencia de suspender o eliminar las APPA continúa siendo objeto de debate. Sus defensores sostienen que constituyen una herramienta para proteger los mejores suelos agrícolas del país, fortalecer la seguridad alimentaria y evitar la pérdida de tierras productivas por la expansión urbana o proyectos incompatibles con la producción de alimentos.

En contraste, sectores empresariales, constructores, mineros y algunos gobiernos territoriales consideran que la figura restringe la autonomía municipal sobre el ordenamiento del suelo, genera inseguridad jurídica y limita inversiones productivas e inmobiliarias. Muchos alejan que, no existe un consenso que permita afirmar que eliminar las APPA beneficiaría automáticamente al sector agropecuario o a la seguridad alimentaria.

La discusión enfrenta dos principios constitucionales: de un lado, la protección del derecho a la alimentación y de los suelos agrícolas; del otro lado, la autonomía territorial, la libertad económica y el desarrollo productivo. Cualquier modificación de esta política deberá superar ese equilibrio y ajustarse al marco legal vigente.

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