Fuerzas Militares ubicaron un depósito ilegal con más de 2.500 artefactos explosivos.

Región. Según información oficial, mediante misiones de control institucional, en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, en el departamento del Meta, las Fuerzas Militares ubicaron y neutralizaron un deposito ilegal el cual tenía más de 2.500 artefactos explosivos, que estaban listos para ser instalados para realizar acciones terroristas. El material explosivo pertenecerían a la estructura Jorge Suárez Briceño, del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

El hecho se produjo en zona rural del municipio de Puerto Concordia al sur del departamento, hasta donde llegaron las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quienes tras realizar una inspección con el apoyo del binomio canino detectaron y localizaron las minas antipersonales. Técnicos antiexplosivos, tras realizar una verificación a los alrededores del lugar hallaron que el depósito ilegal tenía 24 artefactos más que lo rodeaban, y habían sido instalados para evitar que la Fuerza Pública encontrara dichas trampas mortales.

Tras acordonar la zona, y aplicando todos los protocolos de seguridad previstos para esta clase de situaciones los uniformados acordonaron el lugar y procedieron a realizar su destrucción controlada y mitigar el daño.

Este resultado afirman las autoridades, no solo representa una contundente afectación a las redes logísticas y criminales de la estructura Jorge Suárez Briceño, del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, también permite evitar acciones contra la vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, así como de adultos mayores que a diario se movilizan por esta zona rural para realizar sus labores cotidianas. Igualmente, contra las tropas que trabajan en pro de la seguridad y el bienestar de los pobladores de la región.

La instalación de estos artefactos explosivos representa una grave amenaza y una clara violación a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Según la Convención de Ottawa, las minas antipersonales no discriminan entre combatientes y no combatientes.

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