Puerto Libertador. Según el comunicado emitido por las autoridades, en el "marco de la Campaña Militar y Policial Aquiles en el sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional a través de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Fiscalía Especializada Contra la Violación a los Derechos Humanos, adelantó la Operación San Gabriel contra la explotación ilícita de minerales en la mina ‘El Alacrán’ jurisdicción de Puerto Libertador, Córdoba".

Es de anotar que dicho operativo se conoció por medio de un live que publicó Brenda Bohórquez, miembro de la comunidad, donde relata que desconocían que procedimiento se llevaría a cabo y también habla del temor que le generaba a la comunidad la llegada de las autoridades al territorio, pues ellos no habían sido notificados por ninguna autoridad sobre la llegada de la Fuerza Pública. En el live, ella expresa, “estamos siendo revictimizados por el propio Estado que nos desconoció cuando entregó títulos mineros, hoy en poder de multinacionales”.

También dijo en su relato, que, ellos pasaron de ser mineros tradicionales a ser considerados por la empresa que explota el suelo como “criminales, terroristas, colaboradores de grupos al margen de la ley, poniendo en evidencia el peligro al que nos someten”.

Las autoridades dijeron en su momento, "en operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en Puerto Libertador (Córdoba) @PoliciaColombia inhabilita motores en la mina el Alacrán donde la población es instrumentalizada por el Clan del Golfo".

Por su parte las autoridades en su comunicado afirman que, "con esta operación no solo se logra destrucción de 18 motores e inhabilitación de 16 entables mineros de los que se extraían alrededor de 100 gramos de oro diarios con la utilización de mercurio, afectando estas rentas criminales en más 8.000 millones de pesos mensuales, sino que además se interrumpe la instrumentalización de la población civil por parte del GAO Clan del Golfo".Brigadier General Alejandro Barrera Peña, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional

En el comunicado las autoridades afirman que, "la minería ilícita en estas zonas del país, son la principal fuente de financiación de los Grupos Armados Organizados para sostener su lucha armada por el control territorial". Pero también es necesario decir que, en esta zona del país abandonada por el Estado, donde las comunidades no cuentan con recursos y garantías para sacar adelante a sus familias, también se ejerce la minería artesanal como medio de sustento, por años estas comunidades han estado en el sector y han vivido de la minería artesanal. Es preciso anotar que en dicha zona, también hay presencia de grupos armados, una consecuencia del abandono estatal en una zona que cobró relevancia luego de conocerse que una multinacional canadiense realizaría explotación de mineral, y desde entonces se vienen presentando hechos que la comunidad ha denunciado, por la vulneración de sus derechos, entre tanto, de la minera canadiense es poco lo que sabe y pese a intentos de acuerdos entre comunidades y la empresa minera, los intentos han sido fallidos, según lo confirmó Brenda Bohórquez.  

Según los vídeos que fueron transmitido o colgados en redes por habitantes de la zona, no se explicaban la llegada 15 vehículos llenos de miembros de la Fuerza Pública, al escucharlos, era casi imposible creer dicha movilización, sin embargo, en su comunicado confirman que, "en el operativo fue necesaria la intervención de más de 250 uniformados de la Unidad contra la Minería Ilícita, Policía Judicial, Inteligencia, Escuadrón Antidisturbios e Infancia y Adolescencia. Así como capacidades aéreas y terrestres". Igualmente confirman que, "desde la Dirección de Carabineros continuaremos atacando con contundencia a las estructuras criminales que instrumentalizan a las comunidades para fortalecer las rentas criminales".

La tensión continua, pues la comunidad teme un desplazamiento forzado y más cuando miembros de la comunidad vienen siendo estigmatizados de manera reiterativa, estas comunidades del sur de Córdoba, han vivido por décadas los efectos de una guerra ajena, que les ha violentado sus derechos e incluso, muchos han muerto. Hoy ven con dolor e impotencia la falta de garantías a sus derechos por parte del Estado colombiano en un territorio ancestralmente de ellos y que despés de más de 40 años el Estado llegue pero no precisamente para protejerlos y/o defender sus derechos. 

Ayer mismo, en horas de la tarde, luego de la llegada de la Fuerza Pública, la administración local de Puerto Libertador, activó un Plan de Mando Unificado, con el propósito de escuchar las partes y buscar soluciones y garantía para la comunidad afectada, en el PMU, estuvo el alcalde Eder Soto Cuadrado y el secretario de Gobierno, Rafael Martínez Ricardo, entre otroas cosas, ellos dijeron que desconocían información sobre el operativo que se llevó a cabo en la Mina. 

El Personero municipal, Jorge Iván Uribe Malleriano, también se pronunció sobre este hecho, hablando de un posible desplazamiento, al tiempo que rechaza la estigmatización de las autoridades en contra de la comunidad de la Mina El Alacrán y hace un llamado para garantizar los derechos de las comunidades afectadas.

http://www.zoominformativo.com/noticia/20210314180336/comunidad-de-la-vereda-el-alacran-puerto-libertador-amanece-rodeada-por-el-esmad

Esta situación por la que hoy pasan los habitantes de las comunidad El Alacrán, también fue puesta en conocimiento en septiembre del 2020, por el representante a la Cámara Andrés David Calle, quien alertó lo que sucedía en esta zona del sur de Córdoba y habló de la estigmatización a la que los campesinos se veían expuestos