Denuncian que Ejército abusa de su autoridad contra el campesinado en Tibú.

Nacional. La comunidad de la vereda El Silencio, ubicada en el municipio de Tibú (Norte de Santander), denunció que el Ejército privo de la libertad al campesino Jesús Alirio Marciales, supuestamente de manera ilegal y que según comunicado, "tras varios minutos de tensa interlocución con los militares, quienes no presentaron ningún sustento legal como orden de captura o una situación de flagrancia en la comisión de un delito el campesino fue puesto en libertad nuevamente".

Así lo dio a conocer la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat. "La comunidad campesina de la vereda el Silencio, Del Municipio de #Tibú, #denuncian que siendo las 5a.m del 9 de marzo de 2021,tropas del @Ejercito_Div2 abusaron de su autoridad privando ilegalmente de la libertad al campesino y atento contra la vida de las comunidades".

“En otras ocasiones se han presentado incidentes similares en donde se han registrado maltratos físicos, psicológicos y ejecuciones extrajudiciales en contra de los campesinos”,Ascamcat-

En el comunicado Ascamcat también dice, “que la actuación del Ejército genera gran preocupación, ya que este tipo de acciones van en contravía de las funciones legales y constitucionales de las fuerzas militares quienes tienen el deber de velar por la protección de los derechos, y no su vulneración como ha ocurrido en el presente caso.”

Solicitan a las autoridades investiguen el caso del campesino ya que la acción llevada a cabo por tropas adscritas a la Brigada 30 del Ejército Nacional, se llevaron al señor Jesús Alirio Marciales sin presentar ninguna orden de captura ni otro documento similar."Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación para que se investiguen los hechos aquí mencionados, así mismo, a la Defensoría del Pueblo y Personería Municipal a efectos de que se vele por los derechos, garantías y libertades de las comunidades que están siendo vulneradas".

La comunidad campesina de la vereda el Silencio, perteneciente al municipio de Tibú, denuncian que en horas de la madrugada siendo aproximadamente las 5 a.m del 9 de marzo de 2021, tropas adscritas a la Brigada 30 del Ejército Nacional llegaron en una aeronave tipo helicóptero de la cual los descendieron los militares quienes se dirigieron hacia a una vivienda campesina de donde fue extraído en contra de su voluntad y privado de su libertad durante varias horas el señor JESÚS ALIRIO MARCIALES, quien es un campesino agricultor del sector y es reconocido y reclamado por las comunidades que dan cuenta de su buena conducta social.

Una vez ocurrido el hecho las comunidades aledañas se dispusieron en realizar la búsqueda inmediata del señor JESÚS ALIRIO MARCIALES, dado que en otras ocasiones se han presentado incidentes similares en donde se han registrado maltratos físicos, psicológicos y ejecuciones extrajudiciales en contra de los campesinos; dicha búsqueda surtió efectos ya que las comunidades compuesta por hombres, mujeres y niños se acercaron a los militares de manera pacífica y solicitaron que fuese puesto en libertad, sin embargo, los militares procedieron de manera violenta realizando un disparo con arma de fuego tipo fusil amenazando así el derecho a la vida directamente de las comunidades allí presentes y de quienes gozan de especial protección constitucional; tras varios minutos de tensa interlocución con los militares, quienes no presentaron ningún sustento legal como orden de captura o una situación de flagrancia en la comisión de un delito el campesino fue puesto en libertad nuevamente.

Es de destacar que la actuación del Ejército Nacional en la que se privo ilegalmente de la libertad al campesino y atento contra la vida de las comunidades, genera gran preocupación ya que este tipo de acciones van en contra vía de las funciones legales y constitucionales de las fuerzas militares quienes tiene el deber de velar por la protección de los derechos y no su vulneración como ha ocurrido en el presente caso.

Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación para que se investiguen los hechos aquí mencionados, así mismo, a la Defensoría del Pueblo y Personería Municipal a efectos de que se vele por los derechos, garantías y libertades de las comunidades que están siendo vulneradas.