Montelíbano. Cerro Matoso informa a la opinión pública, autoridades y comunidades que la Corte de Alberta (Canadá) ante la cual Canacol Energy presentó una solicitud para terminar sus contratos de suministro de gas en Colombia, dio aval a dicha solicitud, lo que podría hacer inviable la operación de Cerro Matoso por la falta de un suministro confiable de gas natural en caso de que Canacol efectivamente dé por terminado este contrato.

Es importante recordar que Canacol Energy venía suministrando el 82% del gas natural que la empresa requiere para operar. En las últimas semanas, Canacol ha venido unilateralmente disminuyendo las entregas contempladas en el contrato e imponiendo restricciones que ponen en riesgo a la operación.  Este recurso es un insumo irreemplazable dentro del proceso productivo de ferroníquel, sin el cual resulta imposible mantener los equipos en funcionamiento.

Sin un suministro confiable de gas, tal y como lo venía haciendo Canacol, la compañía se vería obligada a detener su operación, apagando equipos críticos y, especialmente, sus dos hornos, lo que provocaría daños estructurales irreversibles. La recuperación de estos activos podría tomar más de 10 meses de inactividad y requerir costos estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones por cada horno.

Ante la decisión de la corte en Canadá en primera instancia, Cerro Matoso cuenta con un plazo de 21 días para interponer un recurso de apelación y solicitar a la Corte Canadiense de segunda instancia que revoque la decisión adoptada por el juez. En consecuencia, la compañía acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de la operación.

En Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe ser adoptada o no en el país. Este análisis deberá realizarse teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano.

Un eventual cese de actividades pondría en riesgo la estabilidad de más de 2.000 trabajadores y afectaría directamente a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades vecinas, a las cuales la compañía destinó más de $10.600 millones en inversión social durante 2025. Asimismo, generaría un impacto económico inmediato para el país, que dejaría de percibir cerca de $3.000 millones diarios en impuestos, regalías y compra de bienes y servicios.

Además de la afectación a Cerro Matoso y a las miles de familias que dependen de su actividad, la decisión de Canacol, avalada por la Corte canadiense, pone en riesgo la seguridad e integridad de las personas y de los activos industriales, así como el abastecimiento de gas para poblaciones de la Costa Atlántica, que podrían enfrentar importantes incrementos en las tarifas del servicio debido a la terminación de estos contratos.

Ante este escenario crítico, la empresa reitera su llamado urgente a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Minas y Energía y al Gobierno Nacional para que actúen de manera inmediata y velen por el respeto del orden jurídico colombiano, la protección de los derechos de trabajadores, contratistas, comunidades y demás terceros afectados, así como por la continuidad de una industria que ha sido fundamental para el desarrollo económico y social del departamento de Córdoba y  Colombia durante 44 años de operación.