Nacional. La Defensoría del Pueblo ha monitoreado el desarrollo de las protestas adelantadas en las últimas horas por el gremio de transportadores. Estas protestas se desarrollan en el marco del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la protesta pacífica y de la facultad de manifestar reclamos legítimos respecto de las políticas públicas del Estado.
A juicio de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, la manifestación pacífica puede implicar perturbaciones al curso normal de las actividades de la ciudadanía. “No obstante, al tiempo, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos de quienes no participan de dichas protestas, particularmente de personas de especial protección como niños, niñas y personas mayores o con necesidades especiales”, recalcó.
De conformidad con el seguimiento de nuestras 42 Defensorías Regionales al desarrollo de las protestas, se ha identificado que estas se han desarrollado de manera más intensa en los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Nariño, así como en Bogotá. El resultado del monitoreo realizado es el siguiente:
Estas situaciones amenazan o restringen el ejercicio de los derechos de personas de especial protección constitucional. De no alcanzarse una solución pronta al paro, se podrían presentar situaciones de escasez de alimentos y otros insumos esenciales, se incrementará el riesgo de desabastecimiento, alzas en los precios de la canasta familiar o un impacto negativo en la economía nacional.
En este contexto, las autoridades del Gobierno deben continuar optando por el diálogo y la negociación como método prioritario y predominante para el levantamiento de las protestas. Al mismo tiempo, los protestantes deben tener en consideración el impacto que los bloqueos tienen en el ejercicio de los derechos de las personas que transitan por las vías bloqueadas.
Por tal razón, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la promoción del diálogo transparente y constructivo, y se pone al servicio de los protestantes y de las autoridades gubernamentales para servir como mediadora para alcanzar una solución efectiva.
De acuerdo con lo anterior, la Defensora del Pueblo invita a:
1. La apertura de mesas de diálogo. Instamos al Gobierno Nacional y al gremio de transportadores a que, de manera inmediata, se sienten a dialogar en un espacio donde prime la búsqueda de soluciones que sean justas, equitativas y que tengan en cuenta los derechos y el bienestar de todas las personas, inclusive las no protestantes.
2. Dar primacía a la garantía de los derechos humanos.Recordamos que cualquier acción que se tome para solventar los reclamos que subyacen a la protesta, y la protesta misma, debe estar alineada con los estándares constitucionales de derechos humanos.
3. Atención prioritaria a los grupos de especial protección constitucional. Solicitamos que se garantice de manera inmediata la circulación y ejercicio de los derechos a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, aquellas que requieran atención médica y demás personas que necesitan protección especial.
4. Garantizar que se establezcan corredores indispensables para personas de especial protección y bienes especiales. Instamos a la apertura de corredores para garantizar la protección de las personas que requieren atención y protección especial, así como el suministro continuo de bienes esenciales. Esto es indispensable para evitar mayores afectaciones a la población y mitigar el impacto de la protesta.
La Defensoría del Pueblo de Colombia reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y llama a todas las partes involucradas a encontrar una solución pacífica que garantice el respeto y la protección de los derechos de todas las personas.