Montelíbano. La situación de los ciudadanos privados de la libertad en Montelíbano continúa siendo un desafío para las autoridades locales. El Centro de Detención Transitoria (CDT), conocido comúnmente como la carceleta municipal, registra hoy un hacinamiento del 200%, albergando a 34 personas en un espacio diseñado para 12 personas.

Este panorama no es reciente. Desde hace al menos cinco años, el CDT ha tenido una sobreocupación constante que afecta la dignidad y los derechos humanos de quienes permanecen allí. Se trata de personas sindicadas o imputadas que, debido a la normativa vigente, no pueden ser recibidas en los centros penitenciarios del INPEC, los cuales únicamente aceptan internos con condena en firme.

El espacio es reducido, las condiciones son precarias: “es una situación compleja, lastimosamente el Centro de Detención Transitoria (CDT) (…) tiene en estos momentos una situación de hacinamiento del 200%, es un centro o una carceleta como queramos llamarla para capacidad máxima de 12 personas y a la fecha y durante 4, 5, 6 años atrás viene teniendo una capacidad de personas privadas de la libertad, ahí hacinadas de 34 personas (…) Estamos trabajando sobre eso.

¿Cuál es la situación? Que son personas que están en procesos judiciales en condición de sindicados o imputados, lo que no permite que el centro carcelario penitenciario que existe en Córdoba, que es el INPEC, lo reciba, porque con la actualización de la norma el INPEC solamente recibe personas condenadas, entonces no solamente la de aquí, en la de Planeta Rica, son muchas en el país, una situación después de la pandemia del COVID-19 que dejó una gran problemática y una gran dificultad”, precisa Duque.

La situación trasciende a Montelíbano, pues el CDT recibe privados de la libertad de La Apartada, San José de Uré, Puerto Libertador y Ayapel, municipios del San Jorge que, por orden de tutela, los cinco municipios deben garantizar alimentación, adecuación de la carceleta, suministro de Kit de aseo, colchonetas, atención psicológica.

En este sentido, la Alcaldía de Montelíbano ya suscribió convenios con La Apartada y San José de Uré para adelantar mejoras en la infraestructura del lugar. Entre las adecuaciones previstas están pintura, saneamiento de baños, cubiertas y ventilación, con el fin de mitigar los efectos del hacinamiento.

En contexto, la problemática se agudizó tras la pandemia de COVID-19. En 2020, el INPEC, con autorización de la Corte Constitucional, dejó de recibir sindicados e imputados para evitar un colapso en el sistema penitenciario y frenar la propagación del virus, en ese momento. Esta medida, aunque sanitaria, derivó en que los CDT del país pasaran de ser lugares de detención transitoria por 36 horas, a convertirse en espacios de reclusión prolongada, con casos de personas que llevan hasta cuatro años esperando definición de su situación jurídica.

La situación es compleja que requiere atención nacional. Los municipios algunos responden, pero es necesario que las entidades judiciales agilicen los procesos y que el Congreso avance en la reglamentación para que los CDT no se conviertan en cárceles paralelas. El hacinamiento carcelario es un problema que se replica en todo el país. Sin embargo, en Montelíbano el impacto es doble: por un lado, compromete la dignidad de los privados de la libertad; por el otro, exige a los gobiernos locales garantizar alimentación, salud básica y condiciones mínimas de dignidad, mientras se esperan soluciones estructurales desde la nación. 

Secretario de Interior, Paul Duque, abordó temas como: Movilidad, Espacio Público, Gestión del Riesgo, Atención a Víctimas, Seguridad y Convivencia.