Nacional. La noticia de la captura del exgobernador cordobés Alejandro Lyons, la dio a conocer la mañana de este miércoles, el ministro de justicia Wilson Ruíz Ojeda, quien señaló además que el exgobernador, Lyons Muskus, debe responder por delitos vigentes.
“EEUU nos confirma la captura de Alejandro Lyons quien debe responder por una condena vigente por el delito de concierto para delinquir agravado”, añadió el funcionario que ordenó los trámites para extraditarlo a Colombia que ponerlos a disipación de la Justicia, “he dado la orden para iniciar los trámites para hacer oficial su envío a Colombia y ponerlo a disposición de la justicia”.
Colombia pidió a Lyons en extradición para que cumpla una condena de cinco años y tres meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones, producto de un preacuerdo firmado entre las autoridades y el exgobernador por el delito de concierto para delinquir.
El exgobernador tiene varios procesos en Colombia, desde disciplinarios, fiscales y el penal por irregularidades en contratos y manejo de recursos durante su mandato (2012 y 2015)
El pasado 19 de marzo, la Contraloría General de la Nación declaró culpable a Lyons por el detrimento de $71.671 millones por el conocido ‘cartel de la hemofilia’, donde se crearon pacientes falsos para destinar dinero y atenderlos. La Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Lyons primero no aceptó los cargos, pero luego la Fiscalía solicitó la aplicación de un principio de oportunidad para que ya no fuera procesado por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a cambio de entregar la suma de $ 4.000 millones.
Lyons Moskus tiene varios procesos abiertos. Uno por presuntamente haber direccionado la adjudicación de unos convenios a la Corporación Unificada Nacional de Educación a cambio, al parecer, de un porcentaje de los recursos para su beneficio particular.
La Procuraduría profirió pliego de cargos contra el exgobernador por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los dos convenios por más de 43.248 millones de pesos. Por el delito de concierto para delinquir llegó a un preacuerdo que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia que le implicó una pena de 5 años y tres meses de prisión.