Llamado a

Nacional. Las declaraciones del cabildante Andrés "El Gury" Rodríguez, en las que propone que las Fuerzas Militares, la Policía e incluso la Fuerza Aérea dirijan operaciones y "bombardeos" hacia las zonas donde Iván Cepeda obtuvo votaciones superiores al 80 %, han generado preocupación por el alcance de un discurso que podría interpretarse como una estigmatización colectiva de miles de ciudadanos.

Durante su intervención, el cabildante aseguró que los municipios y sectores donde el candidato progresista obtuvo altas votaciones serían territorios controlados por estructuras armadas ilegales y afirmó que allí deberían concentrarse operaciones militares, fumigaciones e investigaciones policiales. Más allá del debate político, las afirmaciones plantean un asunto de especial relevancia constitucional. En Colombia el voto es un derecho fundamental protegido por los artículos 40 y 258 de la Constitución. Ningún ciudadano puede ser señalado como delincuente, colaborador de un grupo armado o enemigo del Estado únicamente por la opción política que respaldó en las urnas.Vídeo: Estas son las declaraciones del cabildante

La Constitución también consagra el principio de igualdad (artículo 13), la presunción de inocencia (artículo 29) y el deber del Estado de proteger la vida e integridad de todas las personas (artículo 2). Por esa razón, cualquier actuación de la Fuerza Pública debe sustentarse en investigaciones individuales, pruebas y órdenes judiciales, nunca en el comportamiento electoral de una comunidad.

Las declaraciones también reabren una discusión que Colombia conoce por su propia historia. La estigmatización de sectores políticos como supuestos aliados de grupos armados precedió, en distintos momentos del conflicto, graves episodios de violencia política, entre ellos el exterminio de miles de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, hechos reconocidos por la justicia nacional e internacional como una de las más graves persecuciones políticas ocurridas en el país.

Precisamente por ese antecedente histórico, organismos como la Fiscalía General de la Nación Colombia, la Procuraduría General de la Nación la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Unidad Nacional de Protección tienen el deber de evaluar si expresiones de esta naturaleza podrían constituir una incitación a la violencia, generar riesgos para comunidades.

En un Estado Social de Derecho, la confrontación democrática se desarrolla mediante argumentos, controles institucionales y decisiones judiciales. Señalar territorios completos por el sentido de su voto e insinuar acciones militares contra ellos no solo alimenta la polarización, sino que exige una valoración seria por parte de las autoridades competentes para garantizar que el debate político nunca vuelva a traducirse en violencia contra quienes piensan diferente.

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