Cambio en la delegación de funciones de autoridad minera en Antioquia podría generar traumatismos en el sector
Caucasia. Luego de la decisión anunciada por el Gobierno Nacional, el 26 de diciembre anterior, sobre la imposibilidad de prorrogar funciones de autoridad minera a la Gobernación de Antioquia, que venía ejerciéndolas desde el 2001, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hace contados días sostuvo un encuentro con voceros del sector en el Bajo Cauca antioqueño, en el que fue abordado el tema.
"En reunión con algunos líderes del comité del paro minero, en el municipio de Caucasia, me manifestaron su preocupación con la decisión del Gobierno, además de su inconformismo con diferentes situaciones que padecen, como, por ejemplo, las reiteradas quemas de maquinarias adelantadas por la fuerza pública en áreas donde es realizada la actividad", expresa Carlos Camargo Assis.
Según lo manifestado por los líderes al Defensor, desde abril del 2023, cuando inició el proceso de formalización de las Unidades de Producción Minera (UPM), ninguna de las cerca de 5000 UPM del Bajo Cauca caracterizadas por la Secretaría de Minas de Antioquia ha sido formalizada. Además, expresaron su intranquilidad en razón a que el proceso pueda truncarse o verse desacelerado por la centralización de las funciones a la Agencia Nacional de Minería (ANM).
"Compartimos como Defensoría del Pueblo su preocupación por el traumatismo que pueda generar la decisión del Gobierno de centralizar las funciones de autoridad minera, ya que actualmente es adelantado el proceso de formalización de las UPM, el cual traerá un gran beneficio para el país en términos de regalías y materia ambiental, pues permite el debido control en el sector, además de que genera empleo formal e inclusión social", agrega el Defensor del Pueblo.
Los representantes del gremio minero advirtieron también que varias de las medidas prometidas por el Gobierno en la mesa de diálogo, posterior al paro minero de marzo del año anterior, avanzan en su implementación a paso lento.
"Hacemos un llamado a los ministerios de Minas, Ambiente y del Interior a darles claridad a la comunidad y a los mineros sobre el ente gubernamental que asume como autoridad minera en Antioquia y la responsabilidad que de ello deriva”, remarca Camargo Assis.
El Defensor concluye diciendo que es clave que la ANM presente un cronograma con el componente ambiental transitorio mientras se lleva a cabo la formalización en la subregión del Bajo Cauca, proceso que continuará siendo acompañado por las Defensorías Regionales de la institución nacional de derechos humanos que tienen asiento en el departamento de Antioquia.
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