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Santo quiere invisibilizar la realidad del país y pide ayuda para evitar las publicaciones de los medios

Nacional
Jan 21, 2016

Tras la consulta realizada por el presidente Juan Manuel Santos, el martes 19 de enero, en medio de la reunión que sostuvo con el alcalde de Bogotá y con el director de la Policía Nacional, sobre cómo evitar la publicación de videos ciudadanos sobre hurtos en los medios de comunicación, esta fue la respuesta del general Rodolfo Palomino. “Una idea principal y ya lo hemos hecho, es darles un incentivo al ciudadano que logre captar un vídeo y que nos permita de ese vídeo hacer una prueba judicial, es decir, que antes de publicitarlo nos lo entreguen vía policía, Alcaldía y Fiscalía”.

El hecho ha generado total rechazo en diferentes gremios del país, pues la pregunta también sería, ¿busca el presidente Santo la manera de invisibilizar la inseguridad del país y callar los medios de comunicación?

Ante el sonado caso la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), ha dejado en claro esta posición. “Para la FLIP resulta una preocupación impertinente en términos de libertad de expresión. En otras palabras, consideramos que el primer mandatario debería estar pensando en la forma de disminuir los hechos criminales y los índices de hurto, y no en los modos de limitar la libre circulación de información que garantiza el derecho de los medios a informar y el de la sociedad a conocer lo que está sucediendo.

Sin embargo, resulta más preocupante la respuesta que dio el general Rodolfo Palomino a la inquietud del Presidente. El director de la Policía Nacional aseguró que ya se venían aplicando incentivos para que los ciudadanos no entregaran material audiovisual a los medios sino a las autoridades policiales, con el fin de aportarlos como prueba en las investigaciones.

Este tipo de declaraciones generan un ambiente desfavorable para la libertad de prensa, pues quebranta la relación de confianza que debe existir entre los ciudadanos, como fuentes de información, y los periodistas como principales actores en el derecho a informar y ser informados. Peor aún, los incentivos de los que habla el general Palomino generan la sospecha de que, efectivamente, al pretender impedir que los videos de los ciudadanos sean usados por los medios, se podría estar consolidando una censura previa. Esto porque indirectamente se estaría impidiendo la divulgación de una información antes de que sea publicada.

En este sentido, hay que recordar que la censura previa está prohibida por la Constitución y por las diferentes normas internacionales que han sido reconocidas por el Estado colombiano, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Si las autoridades consideran que una información es contraria al ordenamiento legal, deben ellas impugnarla de manera posterior a su publicación, nunca antes.

Aún así, la FLIP ha decidido elevar una petición de información a la Policía Nacional para conocer con precisión cuáles son los incentivos que se han venido implementando con los ciudadanos para que no entreguen el material audiovisual a medios de comunicación”.

 

 




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