Según la determinación del Consejo de Estado, la Nación deberá pagar la suma de 3 mil 800 millones de pesos, como indemnización a las personas que perdieron a sus seres queridos por la masacre en la comunidad la Paz de San José de Apartadó, en febrero de 2005. Los hechos en los que murieron tres niños y que provocó el desplazamiento forzado de 100 habitantes del Urabá antioqueño, llevaron a que familiares del líder social, Luis Eduardo Guerra interpusieran una demanda ante el Consejo de Estado. Según los afectados, la masacre fue ordenada por el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien contó con la colaboración de oficiales del Ejército Nacional.
Por los hechos de esta barbarie están sentenciados 22 ex paramilitares y ocho oficiales del Ejército, entre ellos el excapitán Guillermo Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en la masacre y recibió 20 años de prisión.